El viernes 2 de diciembre la responsable del Departamento Jurídico convocó una reunión para el lunes día 5 a las 9 de la mañana para que la parte social le firmara el Protocolo de drogas y alcohol que la empresa pretende implantar.
Presuponemos que esta convocatoria sorpresa se debió a que ella interpretó que a la vista del resultado de las elecciones sindicales le sería más fácil obtener una mayoría favorable. Basta recordar que la primera reunión que tuvimos en relación con este protocolo se produjo en plena negociación de convenio y era moneda de cambio para readmitir a un compañero despedido; la segunda, fue una pérdida de tiempo y en la tercera reunión tampoco consiguió que se firmara el Protocolo y al día siguiente se despidió a otro compañero.
La situación actual que tenemos es la siguiente: la empresa quiere que firmemos un protocolo con el que aceptamos controles “voluntarios” aleatorios, y que la negativa del trabajador a efectuar las pruebas de control de alcohol o drogas será calificada como positivo. Este Protocolo nos convierte a todos en sospechosos habituales de consumir alcohol y drogas. Como no hemos firmado el documento, la empresa ya ha manifestado que, unilateralmente, a partir de enero, empezará a aplicar estas medidas. A día de hoy, no existe ninguna normativa legal que nos obligue a someternos a estos controles. El argumento de la empresa para que firmemos el Protocolo es que en el año 2024 entrará en vigor una ley que nos obligará.
Nuestra postura desde el primer día es que cuando exista una ley con el correspondiente reglamento de aplicación, ese será el marco por el que nos tendremos que regir. Desde la Sección Sindical de CGT recordamos que tenemos un procedimiento, el P665, para las personas que tengan problemas de adicciones, que está desarrollado por el Servicio Médico y la asistenta social, en el que se preserva el anonimato. Del mismo modo apelamos a la responsabilidad individual de todos los trabajadores a la hora de presentarse en su puesto de trabajo.
